Tras asomarnos con ilusión a la nueva composición del gobierno de Extremadura, en la que se crea una Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
pronto nos hundimos en la desesperanza al comprobar, una vez más, que se juntan bajo el mismo paraguas las funciones de protección y evaluación de impacto ambiental con la de aprobación de los proyectos con incidencia ambiental que se pretenden evaluar. ¿Como podremos confiar los ciudadanos en que nuestros gobernantes cumplirán el mandato constitucional de preservación del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales, si el consejero que va a velar por la correcta tramitación de autorización de los proyectos de minería a cielo abierto, es el mismo que ha de velar por la objetividad de su evaluación de impacto ambiental?
El DECRETO del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha creado la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad que ejercerá las competencias en materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas que tenía atribuidas la anterior Consejería de Economía e Infraestructuras, así como las competencias en materia de conservación de la naturaleza y áreas protegidas y evaluación y protección ambiental anteriormente ejercidas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Con ello sigue la misma política que otrora, juntando en la misma consejería la protección ambiental con aquellos proyectos que más conflicto están generando entre los movimientos ciudadanos que pretenden salvaguardar su territorio y el medio ambiente. Antes fueron las centrales térmicas y la refinería, y ello motivó la unión de las consejerías de industria y protección ambiental, ahora son los cientos de permisos de investigación minera que se tramitan actualmente en Extremadura, lo que ha motivado que al paquete de «transición ecológica» se incorpore la minería, siguiendo por cierto la estela de nuestro actual Ministerio de Transición ecológica.
Se puede argumentar que precisamente uniendo bajo un mismo consejero o ministro las areas con mayor incidencia ambiental y el área responsable de la salvaguarda y mejora del medio ambiente es la mejor manera de resolver los conflictos ambientales inherentes al pretendido desarrollo sostenible, de ahí su nombre, además. Pura falacia. Sin un órgano ambiental libre e independiente, que valore de forma objetiva, científica y técnica lo que nos jugamos en la aprobación de proyectos y planes que inciden sobre el medio ambiente, éste siempre saldrá perdiendo.
Así lo ve también la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, cuando en su artículo 9 bis dice que «Los Estados miembros velarán por que la autoridad o autoridades competentes ejerzan las funciones derivadas de la presente Directiva de manera objetiva y no se encuentren en una situación que dé lugar a un conflicto de intereses.»
No se trata de buscar un equilibrio entre desarrollo (entendido este como mayor producción y crecimiento del PIB) y medio ambiente, sino de ser realistas, de aceptar que el deterioro ambiental sigue adelante a pesar de todas las pretendidas medidas para compatibilizar medio ambiente y desarrollo, por mucho que lo adjetivemos de «sostenible». Se trata de detener la situación de colapso del planeta a la que el pretendido «desarrollo sostenible» nos ha llevado.
Y se trata de buscar otro camino de «evolución» como personas y como sociedad (que no de desarrollo) que no siga cifrando la felicidad y el progreso en el consumo y el incremento la producción de bienes de consumo a costa del expolio de recursos naturales para luego desecharlos en basureros.
Se trata en definitiva de identificarnos con aquellos principios, valores éticos y morales, fundados en el conocimiento de la realidad de nuestro planeta, que garanticen nuestra pervivencia y evolución; de trasladar dichos valores y principios a nuestras leyes, tribunales y nuestras políticas y de impedir o corregir toda tentación de desviarnos del camino.